La División Inmobiliaria de Grupo Peñarroya trabaja de manera continua para incorporar las últimas novedades del sector y toma parte en todo tipo de eventos profesionales para mantenerse al día de los temas más candentes en el segmento inmobiliario, como es el caso de la inminente entrada en vigor de la nueva Ley de urbanismo en Andalucía.

La Presidenta del grupo, Pepa Peñarroya, y la Consejera Delegada de la División Inmobiliaria, Ana Mª Peñarroya, participaron el pasado miércoles en el almuerzo junto al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, organizado por la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga y patrocinado por Unicaja Banco.

Este encuentro abordó el contenido de la nueva Ley de Urbanismo que prepara la Junta de Andalucía para reemplazar a la que está en vigor desde principios de la pasada década, una cuestión de gran interés para los constructores y promotores de la Costa del Sol debido a la necesidad de adecuar el sector a las demandas de la sociedad actual.

Fiscal ha desvelado en su intervención que una de las cuestiones que incorporará el nuevo texto normativo es la posibilidad de que los promotores obtengan el permiso de primera ocupación de un edificio de obra nueva mediante la presentación ante el Ayuntamiento de una declaración responsable de que cuentan con todo lo necesario para poner en uso la construcción.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se comprometió ante los empresarios asistentes a incluir la declaración responsable como sustitutiva de la licencia de primera ocupación en el anteproyecto de la Ley de Urbanismo, que tradicionalmente ha sido una de las principales reivindicaciones realizadas desde la ACP, entidad que aglutina a los promotores y constructores malagueños.

Hasta ahora los empresarios nos encontrábamos con que desde que se termina una vivienda hasta que se obtiene esa licencia de primera ocupación pueden pasar varios meses en los cuales el cliente no puede acceder a su vivienda y la promotora pierde dinero. Incluso llegan a producirse casos en los que los clientes deciden rescindir el contrato, ocasionándole un problema económico añadido al promotor.

El Consejero se ha comprometido ante los asistentes que este sistema de obtención de la primera ocupación mediante la presentación de una declaración responsable «se va a contemplar en la ley en aras de la simplificación de trámites», y ha destacado que se hará de manera que incluya la mayor seguridad jurídica  «porque queremos que una ley de este tipo esté bien armada para que no nos encontremos con alguna sorpresa».

Fiscal anunció también que se espera que el proceso para la aprobación y entrada en vigor pueda comenzar antes de final de año, una vez superados los trámites pertinentes del gabinete jurídico de la Junta, el Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo de Andalucía, por lo que la nueva Ley de Urbanismo podría entrar en vigor el año que viene.

La secretaria general de la ACP, Violeta Aragón, ha mostrado en este almuerzo su satisfacción por la posibilidad de obtener la primera ocupación mediante la declaración responsable, porque «vendrá a mejorar sensiblemente los plazos con los que trabaja la promoción inmobiliaria y nos pone en una situación de igualdad respecto a otras comunidades que ya la tenían en su regulación», afirmó.

Pero también ha señalado que todavía quedan cuestiones por mejorar en la nueva norma y que se podrían ajustar más los plazos, porque «cuatro años para aprobar un Plan General es mucho tiempo», declaró en su intervención la secretaria general de la ACP.

El consejero de Ordenación del Territorio concluyó el almuerzo destacando que eventos como el de este miércoles son fundamentales para recabar la colaboración de los empresarios y para corregir algunas cuestiones. «No somos dogmáticos, queremos escuchar a los promotores para incorporar lo que sea razonable y mejore el texto de la ley».

En Grupo Peñarroya esperamos que esta nueva ley esté concentrada con los empresarios del sector inmobiliario y supla las carencias de la norma existente, de manera que se agilicen los trámites y se dinamite un sector muy importante para la generación de riqueza y negocio en la Costa del Sol.