Muchos habréis leído estos días acerca del anuncio que ha hecho la generalitat de Catalunya de gravar con una cantidad de entre uno y tres euros las estancias de turistas en hoteles, campings y cruceros, que ha puesto en alerta a todo el sector turístico. Los empresarios no sabíamos qué postura iba a adoptar nuestro gobierno autonómico, pero el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, se ha pronunciado considerado “contraproducente” esta medida, que “daña” los intereses de los empresarios y también de los clientes».
Para alivio de los empresarios turísticos andaluces, Alonso considera “desaconsejable aplicar un impuesto de este tipo que genera tanta insatisfacción y sobre todo tributar sin contar con el apoyo de la industria y de los ciudadanos”. En Andalucía, ha asegurado, no se aplicará este tipo de medida “porque no se quiere castigar a los turistas a los que invitamos a venir y no podemos gravar más a los empresarios que tanto esfuerzo están haciendo en esta crisis”.
La medida adoptada por el Gobierno catalán es, según el consejero andaluz, “muy inoportuna, porque aumentar la presión fiscal sobre el turismo es poner freno a su crecimiento”, lo que impediría la recuperación de un sector que es clave para la economía andaluza..
Los empresarios turísticos estamos en contra de esta medida porque nos resultaría muy dificil aplicarla incrementando el precio de los paquetes turísticos y los perjudicados seríamos nosotros, que veríamos aún más reducidas nuestras ganancias. La guerra de precios y las ofertas para atraer clientes ya han disminuido los beneficios y tenemos que hacer verdadera ingeniería de costes, inviertiendo en domótica, en marketing electrónico y en medidas de eficiencia energética para reducir costes y ser más respetuosos con el medioambiente.
Coincido plenamente con las declaraciones de Luciano Alonso, que ha manifestado que “La industria turística se encuentra en una continua carrera para poder ahorrar cada euro y poder ofrecer un precio más competitivo. Por ello, no es de justicia que una administración pública reste en esa carrera para aprovecharla e ingresar ese euro que el empresario ha luchado para ofrecérselo a su cliente”.
Lo cierto es que, si se aplicara esta tasa, al final seríamos los empresarios turísticos los que acabaríamos pagando el pato.
