La Costa del Sol se une en protesta contra las prospecciones de hidrocarburos

El sector turístico de la Costa del Sol se ha alzado de manera unánime en contra de las prospeciones para buscar gas en nuestro litoral contempladas en el proyecto Siroco, promovido por Repsol YPF frente a las costas de Mijas y Fuengirola, para lo que pretenden instalar una plataforma semisumergible de doble casco frente a nuestra localidad vecina.

Aparte de la habitual tormenta política entre PP y PSOE, que se reprochan mutuamente que fue bajo sus gobiernos cuando se autorizó la búsqueda del gas, el proyecto ha suscitado el rechazo frontal de los empresarios del sector turístico, asociaciones vecinales, sindicatos, organizaciones ecologistas e integrantes de distintos partidos políticos, con una oleada de protestas en las distintas zonas de nuestra Costa del Sol.

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Plataforma para prospección como la que pretenden instalar frente a Fuengirola

La última de ellas tuvo lugar este pasado fin de semana en Benalmádena, con la partida desde el Puerto Deportivo de una manifestación en barco en la que tomaron parte un centenar de personas para protestar contra las prospecciones de hidrocarburos en la Costa del Sol. Esta protesta está enmarcada en una campaña iniciada para sensibilizar a la población de los problemas que acarrearían las prospecciones en el litoral, al medio ambiente, a la pesca y a la industria turística.

Como empresario del sector turístico y defensor del patrimonio natural de la Costa del Sol estoy totalmente en desacuerdo con que Repsol YPF comience esos estudios en busca de gas porque, no nos engañemos, el objetivo último es su posterior extracción y explotación.

Los costasoleños tenemos que alzar la voz y trabajar duro para que no instalen ninguna plataforma en nuestras costas bajo ningún concepto. Aparte de las consecuencias ambientales para el ecosistema marino y las pérdidas para el sector pesquero, también estamos atentando contra la que es nuestra principal industria, el turismo.

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Protestas contra las prospecciones en Benalmádena y Fuengirola

Nos guste o no, el turismo es lo único que tenemos, el único sector que genera empleo y del que los malagueños vivimos. Si nos quitan esto,  la única consecuencia sería la ruina para toda la provincia de Málaga.

La crisis está afectando al turismo, indudablemente, yo mismo lo denuncio aquí constantemente, pero los empresarios estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para levantar a la Costa del Sol y sacarla de la crisis. Nos está costando levantarnos, pero esto puede ser lo último para que no levantemos cabeza.

El deterioro del entorno y el peligro de un escape hará que no vengan más turistas a la Costa del Sol, y entonces será cuando todos los políticos comiencen a lamentarse y a echarse la culpa unos a otros del problema. Por eso digo bien claro que no tenemos que permitirlo, hay que anticiparse a los problemas y actuar con tiempo.

 

El paro alcanza un record histórico en la Costa del Sol

La semana pasada conocimos el terrible dato de la tasa de paro actual en la provincia de Málaga, nada más y nada menos que un 35.3%, según los datos de la última Encuesta de Población Activa difundida por el INE. Nuestra provincia ha alcanzado a comienzos de este año la cifra de paro más alta de su historia, un triste record tras un fatídico 2012 que ha siso el año de mayor destrucción de empleo, reduciendo en 40.000 personas el número de trabajadores.

Llevo cincuenta años como empresario en el sector inmobiliario, que históricamente ha generado muchos puestos de trabajo en la Costa del Sol, pero que ahora está especialmente castigado por las administraciones sin permitirnos levantar cabeza y generar empleo.

Por desgracia, hemos entrado en una dinámica que hoy por hoy no la para nadie, da igual de que partido hablemos, porque lo mismo es la izquierda que la derecha. Las únicas medidas que toman se dedican a subirnos los impuestos, tanto al ciudadano de a pie como al empresario, algo que nos aleja todavía más de la salida de la crisis y la creación de puestos de trabajo.

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Por ejemplo, el país vasco tiene la mitad de paro que nosotros y allí los empresarios pagan menos impuestos que Andalucía. Pueden dedicar el dinero a lo que verdaderamente genera crecimiento y riqueza, que es la creación de empleo y no a pagar a los Ayuntamientos las barbaridades que están cobrando.

Y eso por no hablar de la lentitud de los trámites con la administración, porque los proyectos en la Costa de Sol se eternizan. En muchos casos tardan años en dar luz verde a un proyecto, con el consiguiente calvario para el empresario que pone su esfuerzo y su dinero en él.

Como os decía antes, no es un tema de partidos ni de ideologías políticas, porque todos actúan de la misma forma y llegan a tardar décadas en dar una licencia de primera ocupación. Parece que las asesorías jurídicas de los ayuntamientos no dan abasto y no han podido ponerse al día y agilizar los plazos, a pesar de que desde el 2006 prácticamente se han paralizado las obras en la Costa del Sol.

A los empresarios no nos queda otra que tirar hacia adelante y defendernos en un juzgado, llevando a juicio a los ayuntamientos para que nos den la primera ocupación. Nosotros estamos ganando con con sentencia firme, inapelable y con costas que nos den la licencia después de siete años, que se dice pronto, y son ya cinco las sentencias que llevamos ganadas en este sentido.

Por eso me pregunto… ¿por que no agilizan el tramite si al final en un juzgado la van a tener que dar? ¿ésta es la manera de levantar una ciudad?.  Los empresarios pedimos que dejen de hundirnos, de ponernos pegas por y para todo y que nos permitan luchar por nuestra Costa del Sol, para devolverla al lugar que merece y generar puestos de trabajo. Los Ayuntamientos no son los que van a acabar con el paro, esa es una tarea que nos corresponde a los empresarios, por eso les pedimos que nos dejen trabajar en paz.

El polémico «decreto litoral» pone en peligro importantes proyectos en la Costa del Sol

Que la Costa del Sol necesita infraestructuras turísticas para combatir el problema de la estacionalidad, no es nada nuevo. Como tampoco lo es que los empresarios necesitan renovar las instalaciones obsoletas y adecuarlas a las necesidades de eficiencia y sostenibilidad, que son claves para el futuro del mercado turístico.

Los empresarios lo tenemos muy claro, hay que invertir, pero las autoridades que nos gobiernan, lejos de ponerse de acuerdo y facilitar nuestros proyectos, parecen inventar mil y una trabas para la recuperación del sector turístico, principal industria en nuestra comunidad.

Al recorte de dos millones de euros del Plan Qualifica, del que os hablaba hace unos días aquí, se une ahora la polémica generada en torno al llamado «decreto litoral», un decreto ley de medidas urgentes para la protección del litoral andaluz que fue aprobado al final del pasado mes de noviembre por el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía y que  prohíbe la construcción en los primeros 500 metros de la franja costera.

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Según he leído en Diario Sur,  el Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, argumentaba que el objetivo de la norma es «frenar previsiones de crecimiento elaboradas hace años (fundamentalmente en las décadas de los 80 y 90) y no acordes con las exigencias actuales».

Este tipo de medidas no pueden tomarse a la ligera y deben ser analizadas con mucha cautela, puesto que en nuestra provincia afecta a once municipios y deja en el aire la construcción de hoteles, paseos marítimos y campos de golf. Proyectos en los que los empresarios ya han invertido en mayor o menor medida y que ahora están en peligro por cuestiones puramente políticas.

Esta medida obligará a redefinir los planeamientos urbanísticos municipales en casi todos los municipios costeros, poniendo en peligro la construcción de miles de viviendas. Solo en Estepona, este decreto afectaría a 16.751 viviendas, además de a dos proyectos de gran envergadura, un gran centro comercial y una urbanización de lujo relacionada con la Casa Real Saudí.

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Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Estepona que dio luz verde al proyecto saudí

El centro comercial que queda paralizado supondría la creación de 800 puestos de trabajo, a los que se añadirían los de la urbanización de lujo, que incluiría un hotel y un campo de golf. Lo peor de todo, es que estos proyectos ya estaban aprobados y tenían informes favorables de las autoridades, por lo que la actual prohibición genera un clima de inseguridad jurídica que espantará a los inversores internacionales.

Esta ley paraliza el litoral de la Costa del Sol, creo que podrían hacerlo de otra manera en lugar de hacer tanto daño. Tal y como está la economía y con la escasez de inversión que hay, este tipo de leyes lo que consiguirán es hundir a la Costa del Sol en lugar de levantarla.

Por desgracia, es muy poco el terreno que queda por construir en la franja de los 500 metros que ahora proponen, tenían que haberlo pensado antes porque ahora ya está todo hecho y no hay casi ni parcelas. Y las pocas que hay son suelo urbano consolidado, con su dotación de agua, luz, carreteras, alcantarillado… por lo que habría razones para recurrir esta norma e ir a pleito si fuera necesario.

Espero que la administración autonómica recapacite y busque soluciones de viabilidad para los proyectos turísticos en marcha, puesto que no se puede poner freno a la única industria que puede ayudarnos a salir de la crisis. Los empresarios queremos para la Costa del Sol un turismo de calidad, sostenible y respetuoso con el medio, por eso solo pedimos que nos dejen trabajar para conseguirlo.

El Plan Qualifica de la Costa del Sol sufre un recorte de 2 millones de euros

Las cosas se cumplican para la renovación de infraestructuras turísticas en la Costa del Sol, porque el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha comunicado oficialmente a la Junta de Andalucía que no firmará el convenio del presupuesto de 2012 para las actividades del Consorcio que gestiona el Plan Qualifica de la Costa del Sol Occidental. Una negativa que supone una merma de inversión en la zona de dos millones de euros, según ha denunciado el consejero andaluz de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez.

La decisión de no firmar el convenio fue notificada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo el pasado 8 de enero, apoyándose en un informe del Ministerio de Hacienda que recoge que la comunidad andaluza no cumplió los objetivos de déficit en el año 2011 y que, según una disposición de la Ley estatal de Presupuestos de 2012, no sería posible la firma de convenios con autonomías en esta circunstancia.

El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, defiende que los argumentos del Gobierno estatal «carecen de sustento alguno» y asegura que «no existe impedimento jurídico» para el acuerdo. Por lo que considera que la negativa del Ministerio  “sólo tiene una explicación lógica: la voluntad expresa de rechazo por motivos políticos”.

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El consejero alega que la disposición de la Ley de Presupuestos a la que alude el Ejecutivo “no es aplicable” y considera que ese precepto solo se aplicaría si se tratara de transferir recursos al sector público de la comunidad infractora, pero «en este caso no se da, ya que la aportación es al Consorcio, no al presupuesto de la Consejería”.

Rodríguez acusa al Gobierno Central de haber estado mareando la perdiz en este asunto, puesto que el déficit al que se agarran ahora viene de 2011 y «era una situación conocida cuando comenzaron las negociaciones, por lo que se podrían haber buscado entonces alternativas para realizar la aportación por otras vías”.

En este sentido, el consejero ha dejado clara su  su “sorpresa y  perplejidad por la decisión del Gobierno central de comunicar a inicios de 2013 su negativa a firmar el convenio comprometido para 2012 y defiende que la Junta, desde que se iniciaron las conversaciones al respecto en agosto del año pasado, ha trasladado “su predisposición a rubricar este acuerdo lo antes posible”.

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Por desgracia, los verdaderos perjudicados de este tira y afloja entre el Gobierno y la Junta somos los empresarios, que también colaboramos activamente con este proyecto. Las mejoras realizadas son fruto de la colaboración público-privada porque la gestión de esta iniciativa no es pública, sino que corresponde a un Consorcio integrado por la Junta, el Ejecutivo central, la Diputación, los ayuntamientos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y la Cámara de Comercio.

El Plan Qualifica de la Costa del Sol de revitalización de destinos maduros beneficia a ocho municipios del litoral occidental malagueño, concretamente a Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Manilva y Casares, y ha acumulado desde su puesta en marcha en 2008 una inversión de 105,8 millones de euros.

Ya os había hablado aquí de últimas medidas aprobadas por el Consorcio del Plan en noviembre, entre las que se encuentran actuaciones de obra pública en el litoral, adaptación tecnológica, promoción de nuevos productos y creación de una red de senderos. Los empresarios esperamos que las administraciones implicadas lleguen a un acuerdo y que estos recortes no supongan impedimento para las mejoras de nuestro litoral e infraestructuras, vitales para mejorar la oferta turística de nuestra Costa del Sol.


Montoro da la callada por respuesta a los empresarios de la Costa del Sol

Mucho ruido y pocas nueces. Con este dicho popular podríamos resumir el encuentro celebrado la semana pasada entre el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y una nutrida representación de políticos y empresarios de la Costa del Sol.

EL Foro ‘Hacienda, administraciones y la salida de la crisis’, organizado por Diario SUR en el CIOMIJAS, reunió a numerosos políticos de la Costa del Sol, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Salvador Hernández Mollar; el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luís Ruiz Espejo; el presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, así como el alcalde del municipio anfitrión, Ángel Nozal y sus homónimos de localidades como Fuengirola, Benalmádena, Coín, Rincón de la Victoria, y Alhaurín de la Torre,  entre otros.

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Junto a esta amplia representación política,no podíamos faltar en esta cita los empresarios de la Costa del Sol, por lo que mi hija Pepa Peñarroya y yo mismo tomamos parte activa en una reunión en la que esperábamos escuchar compromisos y soluciones para salir de la crisis. Nada más lejos de la realidad, porque el ministro hablo mucho pero dijo bastante poco, defraudando a la mayor parte de los asistentes.

Durante el almuerzo tuvimos la oportunidad de rellenar un cuestionario para Cristóbal Montoro, que se supone que sería contestado tras la comida, aunque apenas dieron un tiempo de 45 minutos para las respuestas del ministro. Tras una presentación a cargo de Celia Villalobos, Montoro comenzó su intervención abordando cuestiones sin importancia y cuando llegamos al meollo de la cuestión, divagó hasta el extremo de desesperar a los asistentes.

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Ante la pregunta que yo mismo le hice, la más trascendental para los empresarios del sector inmobiliario en este momento, sobre la formalización de la ley para dar el permiso de residencia a los compradores de vivienda, Montoro se salió por la tangente y no fue capaz de concretar nada.

Para los empresarios es desesperante esta pasividad por parte del máximo responsable del Gobierno para buscar soluciones para salir de la crisis. El tema de residencia parece una cortina de humo para generar expectación que a la hora de la verdad nos está impidiendo traer clientes de fuera, porque si no se les garantiza la residencia no van a comprar.

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En tramitar la ley se tardaría muy poco, y si es necesario que les pidan más garantías, como que certifiquen que no tengan antecedentes penales, que se hagan un seguro de salud o que un banco acredite que tiene tanto dinero y que es de buena procedencia. Es tan sencillo como sentarse, redactarlo y firmarlo, porque otras naciones europeas ya han regulado estas cuestiones y nos van a tomar la delantera.

Respecto a la cantidad propuesta de 160.000 € tengo que decir que me parece de risa, puesto que hay países como Portugal e Italia que solicitan un mínimo de 500.000€ y en Francia la cifra alcanza los 2 millones de €. Los clientes rusos y chinos que quieren comprar en España pueden asumir perfectamente la compra de viviendas de 250.000 0 300.000 €, por eso me pregunto si la medida del Gobierno quiere favorecernos a los empresarios o a los bancos.

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La competencia desleal de la banca para deshacerse de su stock de viviendas está tirando los precios hasta limites a los que el promotor no puede llegar, porque pierde dinero. Si estipulan una cantidad baja para dar la residencia a los compradores extranjeros los beneficiados serán los bancos, que además conceden el 100% de financiación para los piso de su stock pero no dan hipotecas para comprar una vivienda a un promotor.

En Grupo Peñarroya hemos tenido que abrir conexiones con oficinas en Rusia y en China, que son las que nos están trayendo clientes con ganas de invertir en algo más que un apartamento de saldo, pero la condición que nos piden es que se le ponga en contrato que van a obtener permiso de residencia en España.

Por eso le repito mi pregunta al ministro Montoro ¿cuando se hará efectiva la ley?

Fotos: Diario Sur