Que la Costa del Sol necesita infraestructuras turísticas para combatir el problema de la estacionalidad, no es nada nuevo. Como tampoco lo es que los empresarios necesitan renovar las instalaciones obsoletas y adecuarlas a las necesidades de eficiencia y sostenibilidad, que son claves para el futuro del mercado turístico.

Los empresarios lo tenemos muy claro, hay que invertir, pero las autoridades que nos gobiernan, lejos de ponerse de acuerdo y facilitar nuestros proyectos, parecen inventar mil y una trabas para la recuperación del sector turístico, principal industria en nuestra comunidad.

Al recorte de dos millones de euros del Plan Qualifica, del que os hablaba hace unos días aquí, se une ahora la polémica generada en torno al llamado «decreto litoral», un decreto ley de medidas urgentes para la protección del litoral andaluz que fue aprobado al final del pasado mes de noviembre por el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía y que  prohíbe la construcción en los primeros 500 metros de la franja costera.

Según he leído en Diario Sur,  el Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, argumentaba que el objetivo de la norma es «frenar previsiones de crecimiento elaboradas hace años (fundamentalmente en las décadas de los 80 y 90) y no acordes con las exigencias actuales».

Este tipo de medidas no pueden tomarse a la ligera y deben ser analizadas con mucha cautela, puesto que en nuestra provincia afecta a once municipios y deja en el aire la construcción de hoteles, paseos marítimos y campos de golf. Proyectos en los que los empresarios ya han invertido en mayor o menor medida y que ahora están en peligro por cuestiones puramente políticas.

Esta medida obligará a redefinir los planeamientos urbanísticos municipales en casi todos los municipios costeros, poniendo en peligro la construcción de miles de viviendas. Solo en Estepona, este decreto afectaría a 16.751 viviendas, además de a dos proyectos de gran envergadura, un gran centro comercial y una urbanización de lujo relacionada con la Casa Real Saudí.

Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Estepona que dio luz verde al proyecto saudí

El centro comercial que queda paralizado supondría la creación de 800 puestos de trabajo, a los que se añadirían los de la urbanización de lujo, que incluiría un hotel y un campo de golf. Lo peor de todo, es que estos proyectos ya estaban aprobados y tenían informes favorables de las autoridades, por lo que la actual prohibición genera un clima de inseguridad jurídica que espantará a los inversores internacionales.

Esta ley paraliza el litoral de la Costa del Sol, creo que podrían hacerlo de otra manera en lugar de hacer tanto daño. Tal y como está la economía y con la escasez de inversión que hay, este tipo de leyes lo que consiguirán es hundir a la Costa del Sol en lugar de levantarla.

Por desgracia, es muy poco el terreno que queda por construir en la franja de los 500 metros que ahora proponen, tenían que haberlo pensado antes porque ahora ya está todo hecho y no hay casi ni parcelas. Y las pocas que hay son suelo urbano consolidado, con su dotación de agua, luz, carreteras, alcantarillado… por lo que habría razones para recurrir esta norma e ir a pleito si fuera necesario.

Espero que la administración autonómica recapacite y busque soluciones de viabilidad para los proyectos turísticos en marcha, puesto que no se puede poner freno a la única industria que puede ayudarnos a salir de la crisis. Los empresarios queremos para la Costa del Sol un turismo de calidad, sostenible y respetuoso con el medio, por eso solo pedimos que nos dejen trabajar para conseguirlo.